Restos óseos hallados en mayo en una vivienda del barrio porteño de Coghlan fueron identificados como los de Diego Fernández, un adolescente que había desaparecido en 1984. El hallazgo pone fin a 41 años de incertidumbre para su familia, pero abre una nueva etapa en la causa: ahora, la justicia busca esclarecer quién lo mató y por qué.

El 20 de mayo pasado, trabajadores que realizaban tareas de albañilería en una propiedad ubicada en Congreso al 3700 descubrieron restos humanos enterrados junto a una medianera. La noticia tomó relevancia pública al saberse que la casa había pertenecido al músico Gustavo Cerati, aunque finalmente se confirmó que los huesos estaban en el terreno lindero.

Tras el aviso a la Policía y la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), se logró determinar que los restos pertenecían a un varón joven, y los análisis genéticos permitieron confirmar la identidad: se trataba de Diego Fernández, desaparecido el 26 de julio de 1984 a pocas cuadras de ese lugar.

Tenía apenas 16 años, estudiaba en la Escuela Técnica N°36 de Saavedra y jugaba al fútbol en las divisiones inferiores del club Excursionistas. Aquella tarde almorzó con su madre y luego salió de su casa en Villa Urquiza para encontrarse, supuestamente, con un amigo. Nunca regresó. Su familia, desde el primer momento, sospechó que algo grave había ocurrido.

La respuesta policial en ese momento fue decepcionante. “Seguro está con alguna chica”, les dijeron a sus padres cuando fueron a hacer la denuncia. Durante días, su madre lo esperó sin dormir. La familia empapeló la ciudad con su foto y recibió decenas de pistas falsas, sin que la investigación avanzara.

Durante años, recurrieron a todo lo que estuvo a su alcance, incluso parapsicólogos, en una búsqueda desesperada que jamás se detuvo. Pero la causa fue caratulada como “fuga de hogar” y, sin avances, prescribió.

El reciente hallazgo cambia el rumbo del caso. La causa ahora está en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61 y fue recaratulada como “averiguación de delito”. El objetivo es claro: saber qué ocurrió con Diego Fernández, quién fue responsable de su muerte y cómo terminó enterrado a escasos metros de su hogar, en un barrio que conocía.

Su historia, como la de tantos otros casos de desapariciones en democracia, deja en evidencia las falencias del sistema judicial y la desprotección que sufren las familias que atraviesan este tipo de tragedias. El hallazgo brinda algo de paz a sus seres queridos, pero también impone una nueva urgencia: la de hacer justicia, aunque hayan pasado más de 40 años.