La Plaza del Congreso volvió a llenarse este martes con familias, profesionales y organizaciones del colectivo de la discapacidad para rechazar el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido aprobada con amplio consenso en ambas cámaras. El texto, que contemplaba un aumento de haberes y actualizaciones automáticas según la inflación, fue bloqueado por Javier Milei con el argumento del “equilibrio fiscal inquebrantable”.

“Cada día sin ley es una terapia menos”, rezaba uno de los carteles que sostenía Santiago, psicólogo y director del centro de día PASIL en Quilmes. Con 20 colegas, atiende a 40 jóvenes con discapacidad mental y TEA. “Es como si el Gobierno negara su existencia. Los que terminan pagando todo son ellos, porque baja la calidad de los servicios”, denunció.

La movilización estuvo marcada por un fuerte operativo de Gendarmería que intentó impedir el corte de la calle Solís. Hubo forcejeos y escenas absurdas, como manifestantes soplando burbujas de jabón mientras policías armados intentaban desalojar la calzada. Finalmente, las fuerzas se retiraron en medio de abucheos.

La ley vetada contemplaba, entre otros puntos, un bono de $100.000 para profesionales del sector, la actualización automática del nomenclador de prestaciones y la eliminación de restricciones para acceder a pensiones por invalidez. Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, el costo fiscal era mínimo: 0,03% del PBI. Aun así, el decreto presidencial 534/2025 dejó sin efecto todas las medidas.

En la plaza se multiplicaron los testimonios. Andrea, madre de Lucio, de 9 años y con TEA, contó que en su centro de terapias ya organizan rifas para sostener el servicio. Betiana y Ricardo, integradores escolares, relataron la pérdida de profesionales por los bajos salarios. Jacqueline explicó que paga de su bolsillo el transporte de la terapeuta de su hijo para que pueda seguir atendiéndolo. Gustavo, director del centro “Mi Lugar”, aseguró: “Este es el peor momento que recuerdo. Nos mantiene vivos la solidaridad de otras fundaciones”.

La oposición en el Congreso intenta ahora revertir el veto, aunque admite que está lejos de conseguir los dos tercios necesarios. Organizaciones como el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad piden “un gesto” de los legisladores para forzar la negociación y garantizar un aumento urgente del nomenclador.