En el acto, los diputados de la Sala Juzgadora prestaron juramento y tomaron conocimiento formal de la resolución de la Sala Acusadora, la cual establece que existen pruebas suficientes para avanzar con la acusación. 

El dictamen de la Sala Acusadora señala que Basanta fue designado sin cumplir los seis años de antigüedad en el ejercicio de la abogacía exigidos por la Constitución provincial, lo que configura presuntas conductas de mal desempeño e inhabilidad moral. Asimismo, se advirtió un “patrón de designaciones discrecionales” coordinadas entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial con el fin de afectar la independencia judicial. 

Además del requerimiento por requisitos no cumplidos, la resolución apunta a posibles delitos contemplados en los artículos 248, 249 y 253 del Código Penal, relacionados con el incumplimiento de deberes de funcionario público, el ejercicio de cargos sin habilitación legal y la aceptancia de empleos incompatibles. También se menciona que Basanta carecía incluso de matrícula habilitante para ejercer como abogado en Santa Cruz.

La Sala Juzgadora quedó conformada por doce diputados: seis del oficialismo provincial, cuatro de la bancada UxP, y dos más de bloques unipersonales. La acusación será llevada adelante por la Comisión Acusadora, integrada por los legisladores Santiago Aberastain, Piero Boffi, Pedro Muñoz y Cristian Ojeda. 

El calendario oficial fija para el 3 de noviembre la presentación formal del imputado ante la Cámara; el 13 de noviembre vence el plazo para que Basanta formule su defensa; y hasta el 15 de noviembre la Sala Juzgadora deberá emitir un dictamen sobre su continuidad en el cargo, requiriendo para destitución una mayoría de dos tercios. Mientras tanto, Basanta está suspendido con el 50 % de su sueldo. 

Este proceso representa un hito institucional en la provincia, al tratarse de un vocal del máximo tribunal sometido a juicio político, y abre una discusión profunda sobre los controles a la justicia santacruceña y la transparencia en los procesos de designación de jueces y funcionarios.