entre ellas Pablo Grasso, Roberto Andrino, Daniel Copertari y María de los Ángeles Grasso. 

La denuncia apunta a presuntas irregularidades en licitaciones, omisiones en el Registro de Proveedores y la violación de normas administrativas durante el período 2015-2023. El IDUV acusa delitos como administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y encubrimiento. 

Con la presentación del escrito por vía del SIPED (Sistema de Presentación de Escritos Digitales), el organismo solicitó intervenir activamente en el proceso judicial, lo que implica acceder a medidas de prueba, impugnar testimonios y recibir notificaciones formales. 

Asimismo, el IDUV dejó abierta la posibilidad de ampliar la denuncia y sumar nuevas evidencias. Al mismo tiempo, se conoció que otros expedientes paralelos —tanto provinciales como federales— ya investigan la ejecución de obra pública en Santa Cruz entre 2015 y 2023. 

Este paso marca un giro institucional relevante: un ente estatal se constituye como actor judicial en una causa en la que fue parte política-administrativa. La magnitud de la investigación —y las posibles responsabilidades penales— coloca el foco sobre la gestión pública en el sector de vivienda y urbanismo durante casi una década.