La decisión fue tomada por la Sala Acusadora de la Legislatura Provincial, tras analizar la denuncia presentada por el abogado Sergio Macagno, quien sostiene que Basanta no cumple con los seis años de ejercicio de la abogacía que exige la Constitución Provincial y la legislación vigente para integrar el máximo órgano judicial santacruceño.

Durante el período de suspensión, Basanta percibirá la mitad de su sueldo, mientras el expediente continúa su trámite en la Sala Juzgadora, que será la encargada de definir si corresponde o no su destitución.

La medida fue adoptada luego de que los legisladores que integran la Sala Acusadora —compuesta por doce miembros— debatieran también el pedido de juicio político contra Renée Guadalupe Fernández, otra integrante del Tribunal. Sin embargo, en este caso, el proceso fue devuelto a la Presidencia de la Cámara de Diputados y archivado, al no prosperar la acusación.

El procedimiento se encuentra regulado por la Ley Provincial N° 13, que establece la división de la Cámara en una Sala Acusadora y una Sala Juzgadora, cada una con la potestad de resolver con el voto favorable de dos tercios de sus miembros.

De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución Provincial, la Sala Acusadora dispone de 40 días para decidir si acepta la acusación, y una vez aprobada, la Sala Juzgadora cuenta con 30 días para dictar un fallo.

La situación de Basanta abre un nuevo capítulo en el debate institucional de Santa Cruz, donde la independencia y legitimidad del Poder Judicial vuelve a estar en el centro de la escena política.