En una sorpresiva conferencia de prensa, el fiscal general Lisandro De La Torre y la defensora general Romina Saúl, miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), manifestaron su enérgico rechazo al proyecto de Ley 561, conocido como “Ley Sosa”, que busca reinstaurar la figura del Procurador General en la provincia. En la antesala de su tratamiento legislativo, los funcionarios advirtieron que la iniciativa constituye una grave modificación estructural del Poder Judicial, sin el debate público necesario sobre sus consecuencias institucionales.

En su intervención, la defensora Romina Saúl alertó que el proyecto "implica modificar sustancialmente y generar cambios significativos y graves" para el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal, dos pilares esenciales del sistema judicial provincial. Subrayó que esta medida "amenaza la autonomía funcional y financiera" reconocida por la Constitución de 1994 y protegida por la jurisprudencia y organismos internacionales, lo que representa un "retroceso grave para la defensa de derechos humanos y para el acceso a la justicia".

Por su parte, el fiscal Lisandro De La Torre criticó duramente la concentración de poder que generaría la nueva normativa. "La concentración de facultades dentro de una misma figura genera un retroceso institucional casi sin precedentes. Es complejo explicar cómo una persona puede ser juez, acusar y defender al mismo tiempo", afirmó. En su análisis, el proyecto no aportaría ni celeridad ni transparencia, sino que crearía una estructura capaz de subrogar al TSJ y controlar simultáneamente a fiscales y defensores, una figura que calificó de "leviatán" y "monstruo".

Ambos funcionarios coincidieron en que la justicia santacruceña necesita fortalecer la independencia de los ministerios públicos, no someterlos. De La Torre enfatizó que el proyecto contradice las tendencias modernas del derecho procesal, que apuestan por la oralidad y agilidad, mientras esta propuesta "no tiene precedentes en sistemas democráticos". Además, recordó que otros organismos como el Consejo de Procuradores Nacionales también se han pronunciado en contra de esta iniciativa.

Saúl y De La Torre reclamaron insistentemente un espacio de discusión institucional, señalando que sus notas a la Legislatura y la Gobernación no han sido respondidas. "No se trata de una cuestión política, sino de garantizar la transparencia, la celeridad y el acceso a la justicia", sostuvo Saúl. De La Torre, por su parte, expresó su sorpresa por la "celeridad con la cual se está manejando este tema", sin convocar a un debate abierto con especialistas y la ciudadanía, a pesar de que la reforma afectaría directamente a los ciudadanos.

Para finalizar, los representantes judiciales hicieron un llamado al diálogo y a la reflexión, alertando sobre las consecuencias de alterar la estructura judicial. "Modificar la estructura y las funciones fundamentales es afectar los derechos de los ciudadanos santacruceños", concluyó Saúl, quien consideró que el proyecto obliga a los abogados a litigar contra una figura de poder desproporcionada.