n el caso de Santa Cruz, el Gobierno provincial advirtió que la decisión significará un recorte superior a los $5.000 millones anuales, afectando de lleno la continuidad de obras viales y el mantenimiento de rutas en toda la provincia.

Golpe a la infraestructura vial en el sur

El ICL representa una de las principales fuentes de financiamiento para la red de rutas y caminos de las provincias. En territorios extensos y de baja densidad poblacional como Santa Cruz, estos fondos son esenciales para garantizar la conectividad, la actividad productiva y el abastecimiento de comunidades alejadas.

Desde el Ministerio de Economía provincial señalaron que la decisión nacional “pone en riesgo la continuidad de obras estratégicas y el mantenimiento de la red vial”, que ya venía resentida por la caída de otras transferencias. Los municipios, a su vez, alertan que el impacto también se sentirá en el mantenimiento de caminos rurales y accesos a pequeñas localidades.

Ajuste fiscal y tensión política

El anuncio se enmarca dentro del nuevo programa de ajuste fiscal que el Ejecutivo busca profundizar con el Presupuesto 2026. Durante la reunión, Milei adelantó que impulsará una reforma laboral y tributaria integral, orientada —según afirmó— a simplificar impuestos y promover la inversión privada.

Sin embargo, la medida generó malestar entre los mandatarios provinciales, que advirtieron sobre su impacto real en las economías locales. En Santa Cruz, el retiro del ICL no sólo significará menos inversión pública, sino también pérdida de empleos y deterioro en la conectividad vial, en un territorio donde la infraestructura es clave para el desarrollo.

Un país más ajustado, un federalismo en tensión

Con el respaldo político que le dieron las últimas elecciones legislativas, Milei avanza en su plan de reformas estructurales con el Congreso a favor. Mientras tanto, los gobernadores analizan una respuesta conjunta ante lo que consideran un nuevo avance del centralismo fiscal.

En provincias como Santa Cruz, donde la obra pública cumple un rol económico y social fundamental, el recorte del impuesto a los combustibles podría transformarse en un golpe directo al federalismo y a la equidad territorial.