En su discurso, destacó que se trata de la primera transferencia de activos de este tipo en el país, donde YPF acepta la cesión y se compromete con los pasivos ambientales. 

Álvarez precisó que, aunque las áreas están maduras, existe un potencial real para reactivar la producción mediante tecnología avanzada, trabajos de "pooling", work-over e interpretación geológica, con resultados visibles en “cuatro a seis meses”. Asimismo, adelanto que se exigirá de inmediato inversión, reactivación operativa, participación de sindicatos, proveedores locales y municipios, para dar valor al empleo regional. 

Uno de los puntos más destacados es el compromiso asumido por YPF de hacerse cargo del 100 % de los pasivos ambientales y del abandono de pozos, en un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires (UBA) que realizará una auditoría pública y tendrá un plazo de ejecución de cinco años. “Esto sienta un precedente y demuestra la madurez institucional de Santa Cruz”, señaló el ministro. 

Por último, Álvarez anunció que la adjudicación definitiva se espera para principios de noviembre, y que junto a ello se trabaja en la modernización de la Ley de Promoción Industrial provincial, con el objetivo de vincular la extracción convencional, la generación de energía local y la diversificación económica en Santa Cruz.