El convenio contempla que Red Chamber recupere parte de sus inversiones en el predio de la ex Alpesca S.A. en Puerto Madryn, donde operaba desde 2015 tras la quiebra de Alpesca, e incluye la construcción de una moderna planta de procesamiento de langostino en Trelew. 
En paralelo, el entendimiento generó alarma entre las cámaras pesqueras, que advirtieron que el acuerdo podría implicar la concesión de permisos de pesca excepcionales fuera del marco técnico habitual. La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) calificó la medida de “irregular” y temió que se incremente el esfuerzo pesquero sin los estudios biológicos correspondientes. 
Entretanto, el diputado provincial Emanuel Coliñir presentó un pedido de informes donde exige detalles sobre el acuerdo: monto real de la inversión, activos cedidos, situación de la deuda de Red Chamber con la provincia (aproximadamente US$ 2.500 millones) y si habrá decretos o resoluciones que habiliten permisos de pesca nuevos sin debate legislativo. 
Desde el gobierno chubutense explicaron que la firma del convenio permite mantener los puestos de trabajo en Puerto Madryn, y que la nueva planta generará empleo y valor agregado en la industria local. Sin embargo, el cruce político se profundiza: hace solo semanas, la provincia había rescindido el contrato con Red Chamber por incumplimientos. Ahora, la reversión de aquella postura despierta suspicacias.