Un reciente informe basado en datos del segundo trimestre de 2025 revela que la informalidad laboral en Argentina alcanza al 43,2 % de los ocupados.  Si bien en Río Gallegos el panorama parece más estabilizado en comparación —con una informalidad total del 28,3 %—, los números esconden una realidad preocupante cuando se analiza con mayor detalle por tipo de empleo. 

Entre los asalariados, la informalidad en Río Gallegos se sitúa alrededor del 24,8 %, lejos del promedio nacional del 37,7 %.  Este dato sugiere que una buena parte del empleo registrado funciona de forma relativamente formal en la capital santacruceña, impulsado en gran medida por el peso del empleo público, la presencia de empresas del sector energético y de servicios regulados. 

El problema grave aparece en el segmento de trabajadores independientes: un 58,5 % de quienes trabajan por cuenta propia en Río Gallegos lo hacen en la informalidad, cifra incluso un poco más alta que el promedio nacional (57,1 %). Esto significa que muchos emprendedores, comerciantes barriales, oficios y servicios locales desarrollan su actividad sin aportes previsionales, sin cobertura médica formal y con ingresos inestables.

Este escenario refleja una “doble estructura” laboral: por un lado, un sector asalariado relativamente protegido; por otro, un grupo amplio de cuentapropistas precarizados que afrontan vulnerabilidades sociales y económicas. 

Las consecuencias son profundas. La informalidad extendida encarece la vida para quienes no logran regularizarse: afecta su accesibilidad al sistema previsional, limita su capacidad de inversión y reduce la posibilidad de crecer. Además, en un contexto de elevados costos de vivienda, servicios y canasta básica como el de Río Gallegos, la precarización laboral puede reproducir desigualdades de largo plazo. 

Expertos advierten que revertir este cuadro demandará no sólo políticas de regulación laboral, sino también incentivos reales para formalizar emprendimientos, simplificar la carga burocrática, ofrecer créditos accesibles y sostener programas sociales que contemplen especialmente a quienes trabajan de forma independiente.