Un juez de instrucción de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, dictó una orden de desalojo contra las más de 50 personas que ocupaban una ex cancha de fútbol desde hace aproximadamente cuatro años. 

La causa se inició cuando las autoridades decidieron recuperar el predio, tras detectar la ocupación irregular. Durante ese tiempo, el espacio había sido utilizado como vivienda por varias familias, aunque carecía de habilitación formal para ese uso. Con la resolución judicial firme, se estableció una fecha límite para que los ocupantes abandonen el terreno, marcando así el inicio del proceso de restitución de la propiedad. 

Aunque la medida judicial representa una recuperación del espacio, se espera que haya movilización para atender la situación social de quienes deberán dejar el predio: la resolución implica que familias enteras —en muchos casos en situación de vulnerabilidad habitacional— queden sin techo, lo que genera incertidumbre sobre su reubicación. 

En el contexto de Santa Cruz, este desalojo llama la atención por la duración de la ocupación —cuatro años— y el hecho de que una cancha, un espacio que podría servir para deportes o comunidad, haya sido objeto de una toma prolongada. Ahora, la expectativa recae en el destino del terreno: si será recuperado para un uso deportivo, urbanístico o destinado a vivienda social —una discusión que aún no tiene definiciones públicas.

Este caso se suma a una serie de conflictos por ocupaciones indebidas en distintas provincias, donde predios, terrenos o inmuebles han sido objeto de usurpaciones, y la Justicia interviene luego de años para restituir la propiedad.