En Santa Cruz, un grupo de pacientes con cáncer afiliados a la Caja de Servicios Sociales (CSS) presentó un pedido formal ante la Legislatura provincial: solicitan que se modifique la Ley 3501 de Protección Integral del Enfermo de Cáncer para extender la gratuidad a “tratamientos paliativos y alternativos” que actualmente no están cubiertos plenamente, y que representan un costo elevado. 

Según los promotores del reclamo, la norma vigente no ampara por completo ciertos medicamentos o terapias que podrían mejorar la calidad de vida de pacientes con patologías oncológicas avanzadas u otros cuadros complejos. Por ello, piden que la Legislatura reconozca esos tratamientos como parte de la cobertura formal. 

Actualmente, la CSS declara acompañar a más de 4.000 pacientes oncológicos con un sistema de cobertura que incluye desde el diagnóstico hasta los medicamentos y prácticas médicas. En su sitio oficial, la obra social afirma que “se reconoce el 100 % del tratamiento y seguimiento del paciente oncológico a partir del diagnóstico”, aunque con autorización médica previa y auditorías específicas para cada ficha oncológica. 

A pesar de esta cobertura, los pacientes denuncian que algunos “tratamientos alternativos o paliativos” —que pueden no estar incluidos en el listado estándar o tienen requerimientos especiales— no se encuentran garantizados, lo que genera un gran dolor para muchas familias. 

Por su parte, las autoridades de la CSS han respondido ofreciendo detalles sobre su mecanismo de compra de medicamentos de alto costo. El presidente de la caja, Sergio Pérez Soruco, ya expuso ante diputados explicando que cada compra está auditada y que el sistema prioriza la transparencia, asignando cada medicamento al proveedor más competitivo. Además, aseguró que los medicamentos para enfermedades complejas, como el cáncer, están garantizados “siempre que los pacientes estén empadronados”. 

Adicionalmente, desde la CSS se informó que hay un sistema para la adquisición de fármacos especiales: el proceso incluye una auditoría médica y farmacéutica para aprobar los pedidos, y las compras se realizan directamente con droguerías. 

Los pacientes y sus acompañantes piden que este mecanismo no sea una barrera para recibir terapias consideradas “alternativas” o paliativas y que dichas opciones sean reconocidas formalmente como parte de la cobertura institucional. El pedido a la Legislatura incluye una reforma legal para que dichos tratamientos no queden al margen por cuestiones administrativas o de presupuesto.

En paralelo, la provincia ya cuenta con un marco normativo para proteger a los enfermos oncológicos: la Ley 3501 (Protección Integral del Enfermo de Cáncer) fue reglamentada mediante un decreto en 2022, e incluye obligaciones para el Estado en cuanto al registro de pacientes con cáncer, el carnet sanitario y la atención prioritaria. 

El debate legislativo al respecto promete ser de alta relevancia, ya que podría definir nuevos derechos para los pacientes oncológicos afiliados a la CSS y mejorar el acceso a tratamientos que hoy se disputan entre la ética médica, la economía pública y las necesidades reales de quienes enfrentan la enfermedad.