El Ejecutivo nacional aprobó, mediante la reciente normativa, un incremento en el recargo aplicado al gas natural en el llamado Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). El recargo pasó a un 7,50 %, lo que implica una nueva suba en los costos del servicio que se trasladará a los usuarios residenciales en todo el país. 

La justificación oficial señala que esta medida busca reforzar el fondo fiduciario que subsidia el consumo residencial y sostener la estructura de costos del sistema energético ante la actual crisis financiera del Estado. 

El aumento se inscribe en un sendero de actualizaciones tarifarias permanentes: previamente, en noviembre, se había autorizado un incremento del orden del 7,20 % en el precio del gas en PIST; ese ajuste ya había comenzado a reflejarse en las facturas a partir de ese mes. 

Según datos recientes de consultoras y reguladores del sector, desde el inicio del gobierno de Javier Milei la tarifa del gas acumuló un alza del orden del 600 % —muy por encima de la inflación general y de los incrementos salariales— lo que recrudece la presión sobre los hogares, sobre todo en provincias del sur como Santa Cruz, donde el consumo suele ser mayor por razones climáticas.

El nuevo ajuste vuelve a generar preocupación en los usuarios: con la suba, muchas familias deberán destinar una proporción mayor de sus ingresos al pago de servicios esenciales. Especialistas en energía advierten que la recomposición tarifaria constante refleja la necesidad de equilibrar costos del sistema —pero también puede profundizar la crisis de accesibilidad energética.