La escalada de críticas al reciente esquema de aumentos salariales acordado por el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz continúa este 14 de enero de 2026, en medio de un fuerte cruce institucional con el Poder Ejecutivo provincial.

El TSJ, mediante una resolución interna firmada el 30 de diciembre de 2025, estableció incrementos automáticos de entre el 38 % y el 42 % durante 2026 para jueces, magistrados y algunos funcionarios judiciales. Este esquema prevé aumentos mensuales que llevarían los sueldos de los propios vocales del TSJ a cifras que podrían oscilar entre $17 millones y casi $24 millones mensuales hacia octubre de 2026, dependiendo de la antigüedad y categoría del cargo, según estimaciones oficiales y de medios.

Frente a esta decisión, el Gobierno provincial cuestionó el impacto presupuestario y social de los incrementos. El vocero Sergio Bucci advirtió que la proyección de pagos derivados de estos aumentos llevaría al Estado provincial a erogar cerca de $40 mil millones anuales solo en remuneraciones judiciales, una cifra que, a su juicio, supera las posibilidades financieras de la administración en un contexto de recursos limitados.

En la misma línea, el ministro de Trabajo Ezequiel Verbes afirmó que ese monto —cercano a los $40 mil millones al año— equivale a recursos que podrían haberse destinados a servicios esenciales como salud pública, educación o mantenimiento de rutas provinciales, y sostuvo que el aumento automático resulta “desconectado de la realidad económica de la provincia”.

El rechazo de la medida también se repite desde otros sectores: la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz calificó el incremento como un “autoaumento de privilegios” y cuestionó que los jueces se hayan otorgado subas sin debate con otros poderes del Estado ni con representantes de la sociedad.

Por su parte, autoridades del Ejecutivo provincial han señalado que estos aumentos profundizan el desfinanciamiento de la Caja de Previsión Social y generan tensiones con el resto de los trabajadores estatales, cuyas negociaciones salariales se encuentran reguladas por acuerdos paritarios y parámetros más moderados.

El cruce entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en Santa Cruz por estos aumentos salariales refleja una disputa más amplia sobre responsabilidad fiscal, criterios de justicia salarial y la funcionalidad de los distintos poderes del Estado en un escenario económico complejo.