El presidente de Santa Cruz Puede SAU, Gustavo Sívori, difundió un comunicado oficial rechazando el accionar de la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Río Gallegos, tras el decomiso y la destrucción de productos alimenticios que, según la empresa estatal, están habilitados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y son aptos para el consumo humano.

Los productos inspeccionados —incluyendo medallones de merluza, filet de trucha y otros congelados comercializados bajo la marca SCP— cuentan con habilitación y aprobación de rótulo y producto emitida por SENASA, organismo con competencia exclusiva sobre alimentos de origen animal conforme al Decreto Nacional N.º 4238/68 y el Capítulo XXIII del Código Alimentario Argentino.

Desde la empresa señalaron que no requieren registros de ANMAT/INAL, sino la habilitación del SENASA, que ya poseen, y que el procedimiento municipal se basó en “una interpretación errónea de la normativa aplicable”, exigiendo registros que no corresponden al régimen sanitario que regula este tipo de productos de origen animal.

En el comunicado se cuestiona además la discrecionalidad y desigual aplicación de los controles sanitarios, ya que productos con características sanitarias similares, provenientes de otras jurisdicciones y con la misma habilitación, se venden con normalidad en grandes cadenas de supermercados de Río Gallegos, sin que se tomen medidas similares.

Santa Cruz Puede también expresó su rechazo a la destrucción de la mercadería pese a que no existía constancia de “productos en mal estado, contaminación, ruptura de la cadena de frío o peligro para la salud pública” en las actas de decomiso, lo que a su entender no justifica una medida tan extrema y representa un perjuicio económico injustificado en un contexto social y económico complejo.

El comunicado sugiere que la inspección se realizó “al día siguiente de anunciar públicamente el inicio de la comercialización de nuestros productos en un comercio local”, lo cual, según la empresa, genera dudas sobre la celeridad selectiva y una posible intencionalidad política detrás del accionar.

Por último, Santa Cruz Puede anunció que iniciará acciones administrativas y legales para intentar revertir el procedimiento, al calificarlo de “totalmente desleal e irregular”, al tiempo que reafirmó la importancia de que el Estado acompañe los procesos productivos y comerciales que generan empleo y valor agregado en la provincia.