La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España anunció el 23 de enero de 2026 el archivo de la causa que se había abierto contra el cantante Julio Iglesias, de 82 años, tras una denuncia presentada por dos exempleadas por presuntas agresiones sexuales, acoso, violencia laboral y trata de personas. La decisión se produjo durante la fase de investigación preliminar y no llegó a convertirse en un proceso penal formal.

Las acusaciones habían sido presentadas por una trabajadora del hogar y una fisioterapeuta, quienes aseguraron que los hechos denunciados —que habrían ocurrido entre enero y octubre de 2021— se produjeron en propiedades del cantante en la República Dominicana y las Bahamas, y no en territorio español. Según el escrito de la Fiscalía, los tribunales españoles no tenían competencia para investigar hechos ocurridos fuera de su jurisdicción y sin vínculos territoriales, personales o de residencia que justificaran la intervención de la Audiencia Nacional.

En el decreto de archivo, el Ministerio Público subrayó que no se evaluó el fondo de las acusaciones, sino únicamente la cuestión técnica de jurisdicción y competencia legal, al no existir “territorialidad” ni conexión material exigida por la ley española. De este modo, se consideró que no procede que la Justicia española instruya la causa y se cerró la investigación en ese país.

La decisión no impide que las denunciantes intenten que sus reclamos sean tramitados en los países donde ocurrieron los hechos o ante otras instancias judiciales internacionalmente competentes. Asimismo, Iglesias negó las acusaciones, y su equipo jurídico celebró el archivo al sostener que se confirmó la falta de base legal para seguir con la investigación en España.