El miércoles 21 de enero de 2026, durante una entrevista en LU14 Radio Provincia, Gustavo Sívori, presidente de Santa Cruz Puede SAU, respondió al procedimiento de decomiso llevado a cabo por la Dirección de Bromatología del Municipio de Río Gallegos sobre productos elaborados por la empresa estatal. Sívori explicó que, tras analizar el expediente administrativo completo, las actas municipales no mencionan riesgo sanitario alguno que justifique la medida extrema de decomisar y destruir alimentos aptos para consumo humano.

Según Sívori, el accionar municipal se basó en cuestiones exclusivamente administrativas relacionadas con supuestas faltas registrales, y no en una amenaza real a la salud pública. Destacó que los productos de origen animal de Santa Cruz Puede —como medallones de merluza y filet de trucha— están habilitados por SENASA, autoridad nacional con competencia sobre este tipo de alimentos, conforme al Decreto Nacional N.º 4238/68 y al Código Alimentario Argentino. Por este motivo, aseguró que los registros que se exigieron en el procedimiento (como RNE o RNPA) no resultan exigibles para estos productos, y que la habilitación sanitaria nacional N.º 2288 figura claramente en los rótulos.

Un punto que Sívori cuestionó con énfasis fue la contradicción entre el expediente administrativo y el comunicado oficial municipal, ya que, según él, el comunicado daba a entender que los productos “no estaban en condiciones de consumo”, algo que no aparece reflejado en las actas de inspección, decomiso o infracción.

El dirigente también aclaró el tema del ingreso de la mercadería a Río Gallegos, sosteniendo que los alimentos ingresaron de manera regular con transporte habilitado, cadena de frío garantizada y documentación en regla desde Puerto San Julián a través de la empresa de transporte, lo que acredita la trazabilidad completa de los productos involucrados.

Finalmente, Sívori reafirmó que la autoridad sanitaria competente es SENASA y que Santa Cruz Puede defiende el control sanitario, pero rechazó lo que considera un accionar equivocado, arbitrario y con contradicciones institucionales que derivaron en la destrucción injustificada de alimentos aptos para el consumo humano.