Tres hombres mataron y faenaron un guanaco dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y deberán pagar una multa millonaria
El juez de Garantías del Distrito Judicial de Zapala, Ezequiel Andreani, homologó un acuerdo mediante el cual tres hombres imputados por la caza furtiva de un guanaco dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi evitarán un juicio oral si cumplen con ciertas condiciones. El caso fue dado a conocer esta semana por el Ministerio Público Fiscal.
Los hechos ocurrieron el 8 de octubre de 2025, en inmediaciones de la Ruta Provincial 63, a la altura del paraje El Chenque, en jurisdicción del parque protegido, cuando un comisario retirado de la Policía de Neuquén alertó a guardaparques sobre una camioneta con varias personas que estaban faenando un ejemplar de guanaco, especie protegida por la normativa ambiental vigente.
Ante la presencia de los efectivos, se constató la existencia de restos frescos del guanaco tanto en la caja del vehículo como en las mochilas de los acusados, junto con cuchillos, paletas y otros elementos utilizados para el despiece. Parte de la evidencia fue secuestrada por las autoridades en el lugar.
Como parte del acuerdo de suspensión de juicio a prueba, los imputados se comprometieron a abonar una multa total de 6 millones de pesos, en cuotas que serán entregadas a la Fundación Civil Ñacurutú – Red de rescate y atención de fauna silvestre, que opera en varias localidades de la región patagónica, incluyendo San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura.
Además, cada uno de los involucrados deberá realizar un curso de concientización sobre caza ilegal de fauna silvestre con certificación final, enfrentar una inhabilitación voluntaria por un año para la adquisición y uso de armas de fuego y entregar los permisos de caza que pudieran poseer. El acuerdo también prevé la devolución de una camioneta Chevrolet S10 negra incautada en el procedimiento, siempre que se abone la primera cuota de la multa.
El cumplimiento de estas reglas de conducta por un plazo de un año permitirá al juez resolver si procede o no un sobreseimiento y la extinción de la acción penal, evitando así antecedentes judiciales para los acusados.
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