La polémica se desató este 13 de enero de 2026, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz oficializó una resolución por la cual se aplicarían incrementos salariales escalonados a sus jueces y funcionarios durante buena parte del año, con aumentos del 4 % mensual entre enero y julio y del 3 % entre agosto y octubre, lo que en términos prácticos implicaría que los ingresos de algunos magistrados lleguen a cerca de $24 millones mensuales.

Frente a esta decisión, el gobernador Claudio Vidal utilizó su cuenta oficial en la red social X para expresar su rechazo: calificó la medida como “un acto de burla y una falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz” y cuestionó a los jueces por su actitud en un contexto de reclamos sociales por mejoras salariales y dificultades económicas provinciales.

Vidal remarcó que, a su juicio, la decisión del TSJ representa una desconexión con las necesidades y expectativas de la población santacruceña y señaló que, a lo largo de décadas, parte del Poder Judicial estuvo “atrincherado en privilegios”, una crítica directa a la manera en que, según él, se manejaron las remuneraciones de altos funcionarios judiciales en la provincia.

La disputa entre el Ejecutivo provincial y la cúpula del TSJ también generó pronunciamientos de otros sectores, como gremios y dirigentes políticos, que coincidieron en cuestionar la medida por considerar que los aumentos aprobados no contemplan la realidad del resto de los trabajadores estatales ni las limitaciones presupuestarias de la provincia.

Este cruce institucional se produce en un marco de tensiones más amplias entre los poderes del Estado en Santa Cruz, con debates sobre independencia judicial, ajustes salariales y el equilibrio entre autonomía y responsabilidad social de las instituciones públicas.