La medida fue oficializada por la Dirección Nacional de Vialidad, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, mediante la Resolución Conjunta 50/2025 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y la Secretaría de Hacienda. Este instrumento habilita la implementación de un sistema de retiro voluntario para agentes del organismo, que les permitirá optar por desvincularse de la administración pública de forma voluntaria, con beneficios y condiciones a definir en cada caso.

Qué implica el plan de retiro voluntario

Según lo difundido por la propia entidad, el esquema está diseñado para que los empleados puedan evaluar alternativas de desvinculación laboral en un proceso que contempla etapas de difusión interna, asesoramiento y acceso a información sobre las condiciones del retiro. En caso de optar por adherirse, cada agente firmaría un acuerdo de desvinculación conforme al artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744.

El organismo aclaró que la medida busca ajustar la dotación de personal a las necesidades funcionales actuales, “mejorar la eficiencia en el uso de recursos públicos” y permitir que los trabajadores que decidan retirarse puedan explorar oportunidades en el sector privado o proyectos personales. Además, se contempla la posibilidad de reingreso al sector público tras cinco años de finalizada la relación laboral, un elemento que el plan pone a disposición como incentivo para la opción voluntaria.

Contexto y argumentos oficiales

Desde Vialidad Nacional se indicó que se cuenta con los créditos presupuestarios necesarios para afrontar el gasto que genere el retiro voluntario, y que las áreas de empleo público, presupuesto y asesoría jurídica intervinieron sin objeciones. El esquema forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno nacional para revisar, reestructurar y modernizar la estructura del Estado, con una orientación hacia la reducción de planta y la eficiencia operativa en organismos descentralizados.

Si bien este tipo de mecanismos no significa despidos forzosos —al requerir la adhesión voluntaria del trabajador—, expertos y sindicatos suelen prestar atención a este tipo de planes porque pueden anticipar cambios estructurales en la administración pública y afectar la capacidad operativa de servicios clave, como el mantenimiento vial y las obras de infraestructura.