El Gobierno nacional ha presentado un proyecto para reformar la Ley Nacional de Salud Mental, en un escenario marcado por la emergencia sanitaria y el aumento de la demanda de atención. La propuesta ha generado controversia entre especialistas y organizaciones del sector, quienes denuncian que la normativa delega responsabilidades operativas en las provincias sin asegurar las partidas presupuestarias necesarias para su ejecución efectiva.

El eje del debate se centra en la sostenibilidad del sistema de atención primaria y la continuidad de los programas de desmanicomialización. Según los críticos de la medida, el texto actual omite precisiones sobre el financiamiento federal, lo que pondría en riesgo la operatividad de los centros de salud y la provisión de medicación. Desde el Ejecutivo, en cambio, sostienen que la reforma busca agilizar los mecanismos de intervención y dar mayor autonomía a las jurisdicciones para gestionar sus recursos según las necesidades locales.

Entidades profesionales y asociaciones de familiares de usuarios advierten que una reforma de esta magnitud, sin respaldo económico explícito, podría profundizar la crisis en la atención pública. El proyecto de ley deberá pasar ahora por las comisiones legislativas correspondientes, donde se espera una intensa discusión sobre el rol del Estado nacional como garante del derecho a la salud mental y la equidad en el acceso a los tratamientos en todo el territorio nacional.