La Justicia de Santa Cruz ha emitido un fallo contundente que pone presión sobre la gestión ambiental de la Municipalidad de Río Gallegos. El dictamen otorga un plazo máximo de 20 días hábiles para que las autoridades municipales presenten un plan de contingencia y remediación para el basural a cielo abierto, respondiendo así a las demandas históricas de los vecinos por la quema de basura y la dispersión de residuos.

La medida judicial surge tras la evaluación de las condiciones actuales del vaciadero, donde se constataron fallas en el manejo de los desechos que afectan directamente la salud de la población y el ecosistema local. El plan exigido debe contemplar no solo la mitigación de los focos ígneos y el control de plagas, sino también una estrategia a mediano plazo para el traslado o tratamiento adecuado de los residuos sólidos urbanos en un sitio que cumpla con las normativas vigentes.

Desde el ámbito judicial señalaron que, en caso de incumplimiento del plazo estipulado, se podrían aplicar sanciones conminatorias y multas diarias a los responsables. La resolución es vista como un avance significativo para los colectivos vecinales y ambientales, quienes sostienen que la situación del vaciadero ha llegado a un punto crítico de insostenibilidad que requiere una solución técnica y política inmediata para garantizar un ambiente sano en la capital.