El Juzgado Federal de Río Gallegos condenó a Diego Bavio, presidente del partido UNIR en Santa Cruz, por falsificar firmas en los avales necesarios para presentar su candidatura en las elecciones legislativas de 2025.

La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado, instancia en la que el dirigente reconoció su responsabilidad en las maniobras irregulares. Como resultado, se le impuso una pena de dos años de prisión.

La investigación, impulsada por el fiscal Julio Zárate, detectó anomalías en la conformación del partido político, entre ellas la inclusión de firmas de personas sin su consentimiento. El caso generó especial preocupación debido a que algunas de las personas involucradas se encontraban en situación de vulnerabilidad, con antecedentes de trámites vinculados a demencia senil.

A partir de estas irregularidades, en agosto de 2025 la Justicia avanzó con medidas que derivaron en la exclusión de la lista de candidatos de UNIR. La decisión fue adoptada por el juez Claudio Vázquez, quien resolvió dar de baja la participación del espacio en los comicios legislativos de octubre de ese mismo año.

El fallo judicial pone el foco en la necesidad de garantizar la transparencia en los procesos electorales y refuerza la importancia de los controles sobre la validación de avales partidarios. Además, deja planteado el debate sobre la protección de personas vulnerables frente a prácticas fraudulentas en la conformación de fuerzas políticas.