La decisión quedó plasmada en el Acuerdo Extraordinario N° 3741, firmado este 18 de mayo en Río Gallegos, donde el máximo tribunal provincial resolvió avanzar con auditorías internas, controles sobre el funcionamiento judicial y acciones vinculadas al conflicto gremial de los trabajadores judiciales.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la realización de una auditoría administrativa y financiera integral sobre el Poder Judicial. El Tribunal solicitó informes detallados sobre ejecución presupuestaria, masa salarial, contrataciones, alquileres, obras, equipamiento informático y parque automotor correspondientes a los años 2025 y 2026.

Además, el TSJ dispuso una revisión de todos los ingresos al Poder Judicial realizados desde 2025 hasta la actualidad. A partir de ahora, las futuras incorporaciones deberán realizarse exclusivamente mediante concursos públicos de antecedentes y oposición.

En paralelo, el máximo tribunal ordenó la puesta en marcha de un plan de contingencia para reducir la mora judicial y agilizar expedientes en trámite en toda la provincia. La medida alcanza a secretarías, cámaras de apelaciones y juzgados, que deberán informar sobre el estado de causas y expedientes pendientes.

Otro de los puntos destacados del acuerdo es el pedido de conciliación obligatoria ante el conflicto gremial que atraviesa el sector judicial. La solicitud será elevada al Ministerio de Trabajo de Santa Cruz.

El Tribunal también requirió informes sobre funcionarios y empleados judiciales que actualmente cumplen tareas fuera de la provincia y el impacto económico que representan para el presupuesto del Poder Judicial.

Finalmente, las autoridades judiciales resolvieron convocar al Colegio de la Abogacía de Santa Cruz para mantener una reunión institucional vinculada al funcionamiento del sistema judicial provincial.