Un conjunto de organizaciones ambientales, sociales y de derechos humanos presentó una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal para solicitar la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares, iniciativa que reúne más de 850 mil adhesiones en todo el país.

La demanda fue impulsada por Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace, y quedó radicada en un juzgado federal de la provincia de La Pampa.

Pedido de suspensión inmediata

El planteo judicial solicita suspender de forma urgente la reforma sancionada el 9 de abril, al advertir que implica un retroceso en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. En ese marco, piden que continúe vigente la Ley 26.639 hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

La presentación también cuenta con el acompañamiento de la exdiputada Marta Maffei, autora de la normativa original, además de asambleas territoriales y entidades como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Círculo de Políticas Ambientales.

Cuestionamientos al proceso legislativo

Uno de los ejes centrales del reclamo apunta al proceso que derivó en la reforma, al que calificaron como “viciado”. Según indicaron, más de 100 mil personas se inscribieron para participar de la audiencia pública en el Congreso, pero menos del 0,2% pudo exponer de manera oral.

En ese sentido, sostienen que no se cumplieron los estándares de participación ciudadana previstos en el Acuerdo de Escazú.

Riesgos ambientales y discrecionalidad

Las organizaciones advierten que los cambios introducidos vulneran principios como el de no regresión ambiental y los presupuestos mínimos establecidos en la Constitución Nacional.

Además, cuestionan que la reforma habilita a las provincias a definir criterios propios para la protección de áreas glaciares, lo que —según sostienen— podría generar decisiones discrecionales y afectar zonas con potencial desarrollo de actividades extractivas.

El amparo también solicita suspender cualquier autorización o acto administrativo vinculado a la nueva normativa, incluyendo proyectos que se superpongan con áreas relevadas por el Inventario Nacional de Glaciares y estudios del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología.

Importancia estratégica de los glaciares

Desde las entidades remarcaron que los glaciares son una reserva clave de agua dulce en Argentina, ya que alimentan cerca del 40% de las cuencas hídricas del país y resultan esenciales para el abastecimiento de millones de personas.

En ese contexto, recordaron que la Corte Suprema ya había ratificado en 2019 la constitucionalidad de la ley vigente, estableciendo límites al dominio provincial sobre los recursos naturales cuando se trata de garantizar estándares ambientales mínimos.

La presentación judicial abre un nuevo escenario en torno a la protección de los glaciares, en medio de un debate que combina aspectos ambientales, jurídicos y políticos a nivel nacional.