Según informaron desde el espacio impulsor, la iniciativa ya reúne más de 850 mil adhesiones y busca evitar posibles daños sobre glaciares y zonas periglaciares, consideradas reservas estratégicas de agua dulce.

La presentación judicial incluye además una medida cautelar para frenar la vigencia de la reforma mientras avanza el análisis de fondo del reclamo.

Desde las organizaciones sostienen que las modificaciones introducen “criterios ambiguos” que podrían debilitar la protección ambiental, permitir exclusiones dentro del Inventario Nacional de Glaciares y habilitar actividades extractivas en zonas sensibles para el abastecimiento de agua.

La demanda fue presentada en La Pampa, provincia que recibe agua de cuencas nacidas en San Juan y Mendoza, donde existen proyectos mineros vinculados a áreas glaciares y periglaciales.

Los ambientalistas también cuestionaron el argumento de la “seguridad jurídica” utilizado para defender la reforma y remarcaron que el debate involucra derechos vinculados al acceso al agua, la protección de los ecosistemas y el derecho constitucional a un ambiente sano.

“La lucha continúa. En los tribunales, en los territorios y en cada intento de avanzar sobre lo que aún resiste”, expresaron desde las organizaciones convocantes.