Se trata de Mario Agustín Giménez, quien analizó la información difundida sobre las operaciones realizadas por el funcionario y sostuvo que existen inconsistencias entre los montos declarados y la evolución histórica del valor de la criptomoneda.

Según explicó, una inversión de 200 mil dólares realizada en 2014 debería haber generado rendimientos considerablemente mayores a los informados, incluso contemplando escenarios de venta desfavorables durante los años posteriores.

El especialista señaló que, de acuerdo con los precios históricos de Bitcoin, una compra realizada en 2014 habría permitido adquirir una cantidad de activos cuyo valor, durante los picos alcanzados entre 2017 y 2018, superaría ampliamente las ganancias que se atribuyen a la operación.

Además, indicó que los movimientos que trascendieron públicamente corresponderían principalmente al período 2017-2018 y no a una operatoria iniciada en 2014, como se sostiene oficialmente.

Giménez remarcó que una de las principales características de Bitcoin es que todas las transacciones quedan registradas en la blockchain, un sistema público y permanente que permite rastrear operaciones y verificar movimientos de fondos.

En ese sentido, sostuvo que la controversia podría resolverse mediante la exhibición de las direcciones digitales utilizadas en las operaciones, ya que los registros permitirían confirmar o descartar la versión difundida.

Por otra parte, destacó que una inversión de 200 mil dólares en Bitcoin durante 2014 habría representado una participación excepcional dentro de un mercado que aún era reducido a nivel mundial y prácticamente incipiente en Argentina.

Mientras tanto, la discusión continúa generando repercusiones tanto en el ámbito político como financiero, en medio de nuevas evaluaciones judiciales vinculadas a la evolución patrimonial del funcionario.