La decisión fue anunciada por el vocal Beltrán Corvalán, quien cuestionó la entrega de esos fondos y aseguró que el organismo de control observará las erogaciones cuando sean analizadas.

Los pagos, de $120.000 cada uno, fueron realizados a fines de 2025, antes del crimen de una adolescente de 14 años. La existencia de esas ayudas económicas fue revelada por la organización periodística Ruido.

"Vamos a impugnar este pago"

En declaraciones a Cadena 3, Corvalán sostuvo que el Tribunal de Cuentas actuará para objetar los subsidios.

"Lo que vamos a hacer es lo que haría cualquier cordobés: vamos a observar, es decir, vamos a impugnar este pago que se ha realizado", expresó.

El funcionario también cuestionó que Barrelier, quien trabajaba en la Municipalidad de Córdoba, recibiera asistencia económica provincial pese a haber estado detenido anteriormente en el marco de otra causa judicial.

En mayo de 2025 había sido acusado de secuestrar y agredir sexualmente a una joven que logró escapar de su vivienda, el mismo inmueble donde un año después habría ocurrido el crimen de Agostina.

Analizan posibles incompatibilidades

Corvalán indicó que también se investiga si existía alguna incompatibilidad entre el cobro de los subsidios provinciales y los ingresos que Barrelier percibía como empleado municipal.

"Obviamente que no pueden cobrar del Estado dos veces, pero estamos analizando este tema", afirmó.

Cuestionamientos al acceso a la información pública

La difusión de los subsidios también reabrió el debate sobre la transparencia del Portal de Transparencia de la Provincia de Córdoba.

Según explicó la organización Ruido, la información pudo encontrarse únicamente después de revisar manualmente las publicaciones, ya que la plataforma dejó de permitir búsquedas por nombre o CUIT. El relevamiento demandó 1.784 clics para localizar los registros.

Por su parte, el presidente de la ONG Lógica, Matías Olivero Vila, cuestionó las dificultades para acceder a información pública y señaló que Córdoba aún no implementó plenamente el régimen nacional de transparencia fiscal al consumidor, conocido como la "ley del ticket".

El dirigente sostuvo que la provincia mantiene una deuda pendiente en materia de transparencia al no informar de manera detallada los impuestos que inciden en el precio final de los productos.